En Culiacán, Sinaloa, un grupo de al menos 60 productores agrícolas de municipios como Ahome, Guasave, Salvador Alvarado y Angostura, se congregaron frente al Palacio de Gobierno para exigir el pago prometido de sus cosechas a un precio de garantía de 6,965 pesos por tonelada, un compromiso realizado por el gobernador Rubén Rocha Moya. Esta demanda surge tras enfrentar ofertas de compra considerablemente más bajas, que oscilan entre los 3,800 y 4,000 pesos por tonelada, insuficientes para cubrir sus deudas.
Los agricultores, organizados sin líderes formales, respondieron a un llamado hecho por el propio gobernador hace meses, prometiendo apoyo a productores con hasta 17 hectáreas. Sin embargo, se encuentran con una realidad distinta: acusaciones de falta de entrega de documentación necesaria por parte de los centros de acopio y un esquema de pago estatal insuficiente que no cumple con las expectativas generadas.
La situación se agrava con el anuncio de que solo se pagará el 30% del maíz acopiado en el esquema previsto desde inicios de año y la imposición de tarifas de servicio por parte de los centros de acopio, que podrían llegar a 200 pesos mensuales por tonelada. Esto plantea un escenario donde los agricultores reciben remuneraciones que apenas cubren sus costos, mucho menos sus deudas.
La presencia de Ramón Gallegos, subsecretario de agricultura, en el plantón, ofreciendo explicaciones caso por caso, no ha mitigado la frustración de los productores, quienes se sienten traicionados por las promesas incumplidas del gobernador Rocha Moya. La exigencia de los campesinos por una solución justa pone en evidencia la lucha constante por la supervivencia en el campo mexicano y la necesidad de políticas agrícolas que respalden de manera efectiva a los pequeños y medianos productores.
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