El presupuesto proyectado para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en 2025 ha generado una ola de críticas por parte de expertos, quienes alertan sobre sus implicaciones negativas para el sector agrícola y rural en México. Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), el presupuesto total será de 73 mil millones de pesos, lo que representa una disminución de 493 millones en comparación con 2024, equivalente a un recorte nominal del 0.7%.
A primera vista, el impacto puede parecer pequeño, pero las áreas afectadas son de vital importancia para la productividad agrícola. Se han reducido fondos destinados a la educación, la investigación y la infraestructura rural, tres pilares esenciales para garantizar el crecimiento sostenible del sector. Sin estos recursos, la modernización del campo y la mejora en la competitividad de los agricultores quedan en un limbo, dejando al país vulnerable frente a la competencia internacional y la volatilidad climática.
Uno de los puntos más críticos es la falta de apoyo a proyectos que promuevan la sustentabilidad y el manejo eficiente de recursos naturales. En un contexto donde la sequía afecta gravemente la producción agrícola, estos recortes resultan especialmente preocupantes. Estados clave como Sinaloa, Sonora y Chihuahua, que contribuyen significativamente al suministro de granos básicos, enfrentan un futuro incierto ante la falta de agua y la carencia de estrategias gubernamentales efectivas.
Además, la reducción en programas dirigidos a la investigación científica limita el desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas, imprescindibles para aumentar la productividad en el sector. Según el GCMA, esto no solo impacta a los agricultores, sino a toda la cadena de valor, desde los productores hasta los consumidores finales, quienes podrían enfrentar un aumento en los precios de los alimentos debido a una menor oferta nacional.
Otro aspecto preocupante es la ausencia de incentivos para jóvenes y mujeres en el campo. La falta de apoyo a estos grupos contribuye al envejecimiento de la población agrícola y al abandono de las zonas rurales, tendencias que debilitan aún más la capacidad de México para garantizar su autosuficiencia alimentaria. En lugar de implementar políticas que atraigan a nuevas generaciones al sector, el presupuesto parece centrarse en mantener esquemas asistenciales que no generan productividad ni sustentabilidad a largo plazo.
La crítica más fuerte al presupuesto es que no responde a las necesidades urgentes del campo mexicano. Aunque México depende cada vez más de las importaciones para satisfacer su demanda de granos básicos, no se observa una estrategia clara para revertir esta tendencia. Por el contrario, los recortes sugieren una falta de visión y compromiso por parte del gobierno para fortalecer al sector agrícola.
En conclusión, el presupuesto de 2025 deja al campo mexicano en una posición vulnerable. La combinación de recortes en áreas clave, la falta de apoyo a nuevos talentos y la ausencia de una estrategia a largo plazo para enfrentar la crisis climática pone en riesgo no solo a los agricultores, sino a todo el país. Sin un cambio de rumbo, México podría enfrentar una crisis alimentaria con implicaciones económicas y sociales devastadoras.
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