El campo mexicano enfrenta una grave crisis laboral, evidenciada por la pérdida de 192,419 trabajadores en el último año. Este fenómeno no es aislado, sino parte de una tendencia más amplia que ha venido ocurriendo durante décadas, exacerbada por cambios en las políticas económicas desde finales de los años 80 y la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Estos cambios han llevado a una reducción en la autosuficiencia alimentaria de México y a un desplazamiento de los campesinos hacia otros sectores o incluso a otros países.
El reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que la proporción de personas empleadas en actividades primarias, como la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, ha caído a su nivel más bajo desde que se tienen registros comparables, representando solo el 10.8% de la fuerza laboral total del país. Esto se debe, en parte, a la falta de derechos laborales, la contratación abusiva, y la escasa reinversión en el sector agropecuario, lo cual ha dejado a muchos trabajadores rurales sin las protecciones y beneficios sociales que gozan otros sectores.
Además, menos del 13% de las personas ocupadas en actividades primarias están registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que subraya la precariedad en la que operan muchos de estos trabajadores. La situación es tan crítica que el Consejo Nacional Agropecuario ha sugerido la implementación de un programa similar al “Programa Bracero” para trabajadores de Centroamérica, ante la escasez de mano de obra en México.
Este despoblamiento del campo no solo amenaza la seguridad alimentaria de la nación, sino que también pone en riesgo la sustentabilidad de las comunidades rurales, ya que la subsistencia de las familias en estas áreas depende cada vez menos de la agricultura y más de otras fuentes de ingresos, como remesas o empleos en zonas urbanas
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